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GANAR TERUEL FELICITA AL AYUNTAMIENTO POR LA INSTALACIÓN DE PANELES PARA COLOCAR CARTELES

Desde Ganar Teruel queremos felicitar al Ayuntamiento de Teruel por haber iniciado por fin la instalación de paneles para colocar carteles.

Se trata de una esas pequeñas reivindicaciones que a base de repetirlas desde diferentes grupos se convierten en parte de la memoria colectiva de la ciudad, no por su materialización sino por su incumplimiento.

Desde Izquierda Unida se propuso la instalación de estos paneles en septiembre de 2013. Desde entonces nuestros concejales, primero en IU y luego en Ganar, han seguido insistiendo. Está bien que, aunque despacio, algunos proyectos se vayan haciendo realidad.

La propuesta de 2013:

130902 carteles

 

 

 

PROPUESTA DE GANAR TERUEL EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y RECHAZO A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 27 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El pasado día 4 de abril el Gobierno del Estado presentó a las Cortes el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Una vez más, en continuidad con los precedentes presupuestos generales, han sido unos presupuestos de austeridad, que consolidan los recortes y reducen los recursos con los que se cuenta para garantizar los servicios públicos fundamentales. En estos presupuestos han sido particularmente maltratadas las Comunidades autónomas y las entidades locales, tanto por lo que tiene que ver con la financiación como por las inversiones previstas a nivel territorial.

Los presupuestos presentados ponen, además, trabas a los procesos de remunicipalización de los servicios públicos que se están dando en muchos ayuntamientos ante la creciente petición popular y para cumplir con una de las principales funciones de las administraciones locales: garantizar el acceso a un serie de derechos inalienables de la ciudadanía. En concreto, la Disposición Adicional 27 del borrador de los PGE recoge que las Administraciones “no podrán considerar como empleados públicos (…) a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”. Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización era que el personal de las empresas contratistas pasase a la Administración, en primer lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes procedimientos de ingreso, de forma definitiva.

También incluye esta Disposición, que en los supuestos en los que “en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, el personal que se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. Como bien sabemos, la tasa de reposición es la limitación que tenemos los ayuntamientos para contratar personal. Esta limitación viene impuesta desde hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y exacto de trabajadores que pueden contratar las Administraciones.

La entrada en vigor de esta Disposición implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores y trabajadoras considerable, se pudiera dar. Con esta medida, se utiliza la limitación de contratación de personal para impedir que los servicios se remunicipalicen o pasen a gestión directa. Si no hay personal para prestar el servicio ni puede contratarse, no hay más remedio que cerrar el servicio o mantener la gestión indirecta. Lo que el Gobierno disfraza de medida en materia de personal es una intromisión inconstitucional en la autonomía local, robando a los Ayuntamientos la capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos de entre los distintos modos de gestión legalmente posibles.

Esta imposición de la gestión indirecta y la privatización se hace en contra de los derechos de la ciudadanía en general y las personas usuarias del servicio en particular, y en contra de los principios constitucionales de democratización y los rectores de la política social. Todos ellos se ven más garantizados y potenciados con la gestión directa de los servicios públicos. La gestión indirecta es además más cara y menos eficaz que la gestión directa, como ha reconocido incluso el Tribunal de Cuentas en su Informe de 2011.

Y no cabe olvidar que la contratación pública en general, la gestión indirecta de servicios y la privatización, ha sido el espacio menos democrático y menos transparente, donde se han desarrollado la gran mayoría o la casi totalidad de los grandes casos de corrupción y expolio de lo público por una minoría contra la ciudadanía de todo el Estado. Por otro lado, después de más de diez años de crisis los Ayuntamientos han sido las únicas administraciones que han conseguido reducir significativamente su deuda, y que han mantenido los servicios públicos con un enorme sacrificio por los recortes de recursos, siendo las Administraciones que han cumplido con las estrictas reglas de estabilidad presupuestarias y financiera impuestas a base de amenazas sobre retenciones de las PIEs e intervenciones de los mismos.

De esta manera, pensamos que si el propio Gobierno central hace discursos de supuesta recuperación económica, es hora de que liberen los recursos a los Ayuntamientos para los servicios públicos y permitan la renovación de las plantillas públicas así como la nueva contratación como forma de potenciar los servicios públicos con la creación de empleo de calidad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Ganar Teruel propone a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes

ACUERDOS:

1. Instar al Gobierno central a que elimine el texto íntegro de la Disposición Adicional Vigésima Séptima del borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2017.

2. Instar al Gobierno central a que elimine la tasa de reposición que limita la contratación pública por parte de las administraciones, y a que libere los recursos a los Ayuntamientos donde se prestan los servicios para la ciudadanía como le exige la Carta Europea de Autonomía Local.

3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, a la Mesa del Congreso y a los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.

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